La crisis de Irlanda y el posible contagio resiente el euro

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La crisis de Irlanda y el posible contagio sigue resintiendo al Euro

Durante la jornada del pasado lunes el euro continuo con su caída respecto al dólar estadounidense, registrando minimos de dos meses anteriores, asi mismo se estima que el euro seguirá cediendo terreno ya que el plan de ayudas para Irlanda no produjo los efectos esperados, y el mercado no esta en calma. Ahora también se teme que otros países miembros de la Zona Euro puedan necesitar de asistencia.

Por esta razón la cotizacion del euro ha registrado minimos colocándose en la zona de los 1.3063, nivel que no tenia el euro desde el pasado mes de Septiembre, por otro lado contra el yen japonés la divisa europea termino cerrando la jornada del lunes en los 110.49.

A pesar de los esfuerzos de los ministros europeos dando luz verde al plan de ayudas a Irlanda con 85 billones de euros, y después de aprobarse una metodología y fondo para esta crisis en la región de Irlanda, el efecto que ha producido ha sido muy limitado y sigue habiendo miedo por un posible contagio a otros países de la Zona Euro.

El panorama económico actual sigue debilitado y la crisis que envuelve a la Zona Euro sigue afectando de lleno a los mercados mundiales. Ultimamente las primas de colocación de deudas en España y Portugal se dispararon y se teme que estos dos países puedan ser los siguientes en necesitar asistencia financiera.

Por otro lado la divisa nipona obtuvo resultados mixtos contra la mayoría de monedas extranjeras. El lunes el yen japonés avanzo contra el euro colocándose en la zona de los 110.50, contra el dólar neozelandes, el yen cayo desde los 63.19 hasta los 62.75 actuales, mientras que contra el dólar estadounidense, el yen japonés cerro la jornada con un valor de los 84.07.

Debemos de tener en cuenta que un yen fortalecido, hace que sus productos en el exterior pierdan la competitividad actual. Esto a largo plazo afectaría de lleno a la economía nipona, la cual depende en gran medida de sus exportaciones al exterior, por este motivo en el mes de Octubre las exportaciones japonesas registraron minimos.

México ante la crisis económica que viene

El Gobierno debe poner en marcha una política fiscal mucho más agresiva para paliar el freno en la actividad económica por el coronavirus

Aún no conocemos los alcances de la inminente crisis económica, pero más allá de la pérdida de miles de vidas, la consecuencia de la pandemia de la Covid-19 será una de las recesiones económicas más severas que hemos vivido. México no será la excepción. Los principales analistas ven al país en una situación particularmente frágil. Las estimaciones auguran una contracción del PIB entre el 5% y el 7% para 2020.

En el corto plazo, habrá una afectación a la oferta por la disminución de la capacidad productiva como resultado de una caída en la fuerza de trabajo y la interrupción de las cadenas de suministro. Posteriormente, la demanda caerá producto de una caída del consumo por el aislamiento social, una inversión que ya venía en picada y una contracción del gasto público por el desplome de los ingresos tributarios.

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Situaciones extraordinarias llaman a tomar acciones excepcionales. Los gobiernos de prácticamente todos los países del mundo están tomando medidas para enfrentar la crisis. Algunas de estas intervenciones han sido de política monetaria: reducir tasas de interés mientras se inyecta liquidez al sistema bancario para evitar un contagio al sector financiero. Las propuestas y acciones más ambiciosas, no obstante, están en la política fiscal.

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La respuesta del Estado mexicano debe ser proporcional al tamaño de la crisis que enfrentaremos. Debe ampliar de forma significativa el gasto público y así, buscar reactivar la economía. Las medidas propuestas dentro del Consejo Consultivo Ciudadano: Pensando en México plantean tres horizontes: inmediato, a corto y mediano plazo. A esta iniciativa se han sumado otras del economista Santiago Levy, organismos empresariales y gobiernos estatales.

Más allá de la urgencia de transferir todos los recursos necesarios al sector salud y postergar los pagos de seguridad social y las declaraciones anuales, la medida inmediata más imperativa es apoyar a las empresas más frágiles para que no cierren y millones de mexicanos pierdan su empleo. Para esto, proponemos que el Estado asuma el papel de comprador de último recurso para los sectores en mayor riesgo. Esto consiste en que el Gobierno reponga los ingresos por ventas perdidas para las micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores de comercio al por menor y de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

Estos dos sectores están en particular riesgo por la caída de ventas y la fragilidad financiera de las empresas que los componen. Las transferencias no tienen que ser a fondo perdido. El Estado puede comprar de forma anticipada servicios que ya consume, por ejemplo, la estancia en hoteles de servidores públicos. También podría pagar hospedajes a los trabajadores del sector salud que temen poner en riesgo a sus familias. O incluso, utilizar los hoteles como centros de aislamiento social para personas positivas de la Covid-19, pero que no tengan necesidad de un cuidado médico intensivo. También podrían comprar los inventarios de tiendas al por menor para distribuirlos entre la población.

Una estimación propia indica que reponer el 40% de la demanda durante tres meses equivaldría a 2,6% del PIB. No es poca cosa. Prevendría que 2,4 millones de empresas, que emplean a más de 13 millones de trabajadores, quiebren y que sus trabajadores pierdan su empleo.

Esta medida está inspirada en la propuesta publicada por los economistas Saez & Zucman que plantean una intervención de esta naturaleza para toda la economía estadounidense. Claramente el Estado mexicano no tiene la capacidad para un esfuerzo de esta magnitud, pero sí para ayudar a las empresas que están en mayor riesgo.

En el corto plazo —abril— la propuesta es no solo acelerar la dispersión de las transferencias monetarias sino aumentarlas. El objetivo es inyectar dinero a la economía para reactivar el consumo lo antes posible. La idea se centra, en primer lugar, en aumentar las pensiones de adultos mayores en un 25 % porque es uno de los programas gubernamentales más avanzados y donde será sencillo aumentar su dispersión. Al mismo tiempo, crear un seguro de desempleo, administrado por el IMSS que dé al trabajador el 50 % de su salario hasta por seis meses. Ambos programas costarían 0,8% del PIB según las estimaciones iniciales.

El esfuerzo de enfocarse en los trabajadores formales se debe a la facilidad de su implementación y la velocidad que la acción requiere. Se ha mencionado, acertadamente, que los trabajadores informales, el 56% de la fuerza laboral en el país, son los más vulnerables en la crisis que viene. Pero la realidad es que, si en circunstancias normales el Gobierno tiene dificultades para llegar a ellos, en estas condiciones será imposible alcanzarlos con la velocidad necesaria.

Para reactivar el consumo hay que inyectar recursos rápido; hay que poner dinero en las manos de la gente para que consuma lo antes posible. Si se pone a disposición de los trabajadores formales o se garantiza que las empresas no cierren y sigan pagando los salarios, el dinero llegará al resto de la economía a través del consumo. Es un acierto enfocarse en los más vulnerables, pero debemos tener en cuenta la capacidad del Estado al plantear estas intervenciones.

En el mediano plazo, al concluir la crisis sanitaria, la propuesta es lanzar un gran plan de infraestructura. A pesar de los proyectos icónicos del Gobierno, el presupuesto de 2020 contemplaba la inversión pública más baja de la historia y la construcción ya estaba deprimida en México por una serie de razones en las que no profundiza este texto. Este plan debe estar enfocado en infraestructura de transporte, de salud, educación y urbana. Ya existen versiones del plan, que incluso puede ser financiado por el sector privado.

Los grandes proyectos del Gobierno deben ser revaluados. El aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya no se deben detener; al contrario, se debe acelerar el gasto en ellos. La refinería de Dos Bocas, no obstante, debe cancelarse. Si antes de la caída de los precios del petróleo era un mal negocio, ahora es una máquina de perder dinero. El plan de inversión de Pemex debe ser descartado y reemplazado por uno que tome en cuenta la nueva realidad del valor del crudo. Ninguno de los nuevos proyectos de Pemex es viable con los precios actuales. Los recursos de la cancelación de Dos Bocas y la reducción del plan de inversiones de Pemex pueden ser transferidos a los programas citados anteriormente.

Hasta ahora, solamente el Infonavit, el instituto de vivienda de los trabajadores, ha presentado acciones que abonan en la dirección correcta, como un seguro de desempleo y diferimientos de pago. Pero el resto del Gobierno brilla por su ausencia. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decepcionó con su intervención en la Convención Bancaria, donde no anunció ninguna medida contra la crisis económica. Por si fuera poco, el presidente planea reducir aún más los salarios de funcionarios públicos. Mientras, el SAT no posterga las declaraciones y pide ser “solidarios”. Aunque al país le urge recaudar más impuestos, este no es el momento. La venta para una reforma fiscal se ha esfumado. En este momento lo que urge es poner dinero en las manos de la gente para que gaste, pero el Gobierno hace todo lo contrario.

Debe abandonarse la restricción del superávit primario autoimpuesta por el Gobierno y utilizar la línea de crédito flexible que tiene México con el Fondo Monetario Internacional por 61.000 millones de dólares y los 158.000 millones de pesos que quedan en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Hace casi 90 años, durante la Gran Depresión, J.M. Keynes recetó que la única manera de salir de una crisis de esa magnitud es incrementando la demanda a través de una expansión significativa del gasto del Gobierno. Decir que la respuesta de nuestro Gobierno ha sido tímida, sería ser generosos. Estamos ante lo que probablemente será la crisis económica más profunda de las últimas décadas y las respuestas deben ser proporcionales. Hasta ahora, la Administración parece desdeñar las recomendaciones de política económica que guiaron a gobiernos de izquierda durante más de 30 años e insiste en el dogma neoliberal de mantener “las finanzas públicas sanas”.

Jorge Andrés Castañeda es analista e integrante del Consejo Consultivo Ciudadano: Pensando en México.

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Política en tiempos de crisis

En momentos como este las instituciones públicas son nuestro instrumento más poderoso como sociedad y quizá el único de los que tienen menos recursos. No podemos permitirnos sustituirlas ni renunciar a ellas

Las crisis reclaman actuar. Esperamos decisiones claras, rápidas y efectivas ante amenazas que, de un modo u otro, superan nuestras capacidades ordinarias. Amenazas que, además, se identifican como tales unánimemente y, en consecuencia, parecen demandar respuestas únicas y correctas, ajenas al pluralismo propio de la política.

En este contexto, la política, que es esencialmente discusión, puesta en duda y pluralidad de opciones y respuestas, puede parecer prescindible cuando no disfuncional. Expertos y gestores parecen más adecuados que los políticos para hallar y poner en práctica tales respuestas correctas; y en efecto afloran sin cesar propuestas con ese aval y que se presumen alejadas de la discrepancia partidista.

Sin duda, la política está detrás de esas capacidades, ordinarias y extraordinarias, con las que contamos y que hoy se ven sobrepasadas por una crisis que pone de manifiesto sus limitaciones. Son decisiones políticas las que configuraron los instrumentos con los que contamos, las que determinaron la situación en que nos alcanza la crisis y hasta el número y calidad de los expertos y gestores existentes. Fueron decisiones políticas las que construyeron nuestro sistema sanitario, las que lo reforzaron y también las que fijaron sus límites. Es la política quien fija las prioridades sociales; y son las instituciones quienes permiten que esa fijación se haga de modo público, responsable, consciente de sus efectos y alternativas y con respeto de los valores que hemos decidido proteger reforzadamente. Ni los estudios de televisión ni las calles pueden hacerlo. Las instituciones públicas son nuestro instrumento más poderoso como sociedad; y son quizás el único instrumento para quienes disponen de menos recursos. Si no funcionan o no lo hacen suficientemente, podemos reformarlas o cambiar a sus miembros; pero no podemos permitirnos sustituirlas ni renunciar a ellas. Los ciudadanos necesitamos de las instituciones, pero las instituciones debemos escuchar sus demandas y atenderlas, en el marco de lo posible.

Es requisito inexcusable el respeto por el otro. Nace de la conciencia de las limitaciones propias y de la realidad

Esa es sin duda una discusión sobre el pasado, útil para recordar y para mejorar nuestras capacidades futuras, pues será también una discusión de futuro; pero de escasa ayuda para encarar la crisis, más allá de certificar la dignidad de quienes intervienen en el debate y prevenirnos frente a quienes quieren hacer de las crisis económicas, sanitarias o ambientales crisis institucionales

Hemos decidido mantener la discusión política durante esta crisis. Nuestros representantes y nuestros Parlamentos mantienen sus funciones y debaten sobre la acción frente a la pandemia de la Covid-19. Y adoptan las decisiones fundamentales al respecto. Así es en todos los países democráticos y así es en España. Y creo que es bueno exponer las razones para actuar así.

Expertos y gestores lo son en aspectos concretos. Pero las crisis invariablemente afectan a diversos ámbitos y valores; y exigen ponderar sus efectos en todos ellos. Esa ponderación es eminentemente política, también porque sobre el peso de los valores afectados no hay expertos, sino juicios y opciones personales y sociales, esto es, juicios y opciones políticas: de las posibilidades de proteger la vida a la sostenibilidad económica de nuestra sociedad, de la afectación a la dignidad al respeto de la autonomía y la eficacia, del coste presupuestario al mantenimiento del orden público.

La pluralidad, por otro lado, también existe en cuanto a las respuestas técnicas. Por desgracia, no hemos desterrado la incerteza y las crisis surgen siempre en ámbitos de duda e inseguridades. La “respuesta correcta” no es siempre fácil de identificar, ni hay consenso sobre la misma o sencillamente no existe. Confiar la decisión, en tales casos, a la política democrática es signo de humildad y respeto al otro, que quizás tenga razón; pero sobre todo es un instrumento para conseguir que esa decisión sea informada, razonada, integre el máximo de aportaciones; sea asumible por los ciudadanos y se adopte de modo plenamente responsable.

Las sesiones parlamentarias sobre las decisiones de los gobiernos no son escaparate para la lucha partidista

Hacer realidad estas exigencias es la tarea de la política. Las sesiones parlamentarias a las que sometemos decisiones y propuestas de los Gobiernos no son un escaparate para la lucha partidista ni una finalidad en sí mismas. Son nuestro instrumento fundamental para cada uno de esos objetivos:

1. Para explicar y razonar públicamente las medidas. Porque sólo las medidas convincentes tienen posibilidades de éxito. Y sólo se explica con convicción cuando debe darse respuesta al otro, cuando se enfrentan sus dudas, objeciones y alternativas. Expresarlas, considerarlas y responderlas es la obligación de oposición y Gobierno. Y por ello asumen la correspondiente responsabilidad.

2. Para integrar en las medidas el máximo de aportaciones y evitar que algunas pasen desapercibidas. Partidos y medios de comunicación enfatizamos lo que nos separa, pero la inmensa mayoría de decisiones parlamentarias integran posiciones de todos los grupos, más allá de la mayoría gubernamental existente. También, o sobre todo, en tiempos de crisis.

3. Para garantizar que quien decide lo hace sometido al control y a la presión del otro; que es consciente de las alternativas y que sabe que su posición debe contar con el rigor necesario para superar el escrutinio público y de la oposición. Y también para someter esas alternativas y ese control a las reglas propias del debate parlamentario y al mismo escrutinio público.

4. En fin, para poder responder a la crisis, la sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, con un uso intenso y responsable de lo público, que es quien siempre asume la respuesta y la responsabilidad de actuar. En crisis, nos refugiamos todos en los medios públicos, y a los representantes públicos corresponde en consecuencia dirigir la respuesta. De la crisis saldremos gracias a lo público; gracias, pues, a las decisiones políticas que lo generaron y a las que lo ponen en funcionamiento. Saldremos gracias a las instituciones de todos.

Pero estas finalidades no se alcanzan de modo automático. La política la hacemos personas, y de nuestra responsabilidad y acierto depende que el sistema parlamentario funcione y sus fines se hagan reales también en la gestión y superación de las crisis. En tales casos, el pluralismo de nuestros parlamentos debe ser solo un instrumento real para que prime la unidad en el objetivo que ahora todos compartimos: superar la crisis de la Covid-19. Para ello es requisito inexcusable el respeto por el otro; un respeto que nace de la necesaria humildad propia y de la conciencia de las limitaciones, las propias y las que impone la realidad.

Admitamos las limitaciones y asumamos, sin rendirnos, que en ocasiones chocaremos con obstáculos insuperables. Ni ciencia ni política son infalibles. Con muertes de seres queridos, con afectación de los negocios, con incertidumbre sobre el futuro, con pisos pequeños y sin luz. Sé que es difícil, pero más que reproches y diatribas, demoliciones y bilis, hace falta prudencia, serenidad, comprensión y empatía. Respeto por el trabajo y la contribución ajena y prudencia en su valoración; comprensión por el esfuerzo realizado e incluso por la impotencia que pueda encontrar; implicación en la oferta de respuestas; empatía y solidaridad con quienes más sufren, con quienes pierdan recursos, fuerzas y, sobre todo, personas queridas. Son esos los signos que distinguen a quienes luchan contra la crisis, quienes se comprometen para superarla, frente a quienes querrán utilizarla para sus intereses. A todos ellos, trabajadores hoy esenciales en tantos ámbitos, autoridades y representantes públicos responsables, muchas gracias.

Meritxell Batet es la presidenta del Congreso de los Diputados.

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