La renuncia de Stark y su efecto en el euro

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La renuncia de Stark y su efecto en el euro

Después de una sesión de la semana en el día de ayer, los euros del BCE tuvieron una inflexión más pesimista. Hoy vemos que el mercado sigue basado en la ruta de la moneda euro.

Hoy en día, además de que las expectativas de cambio con respecto a las tasas de interés para la BCE, tememos en que los desacuerdos se conviertan en una renuncia de una miembro de la corporacino, Stark decidió dejar el BCE a causa de su oposición al programa de compra de bonos.

Él será el segundo alemán prominente en salir de la BCE, Axel Weber, después – que se encontraba en la línea de la cabeza del BCE. En su mensaje de renuncia envio claramente una fuerte división en el camino. Sin embargo, con un halcón como Stark ha ido, y van dejando de Trichet a la Presidencia, la tendencia a deshacerse de las recientes subidas de los tipos de interés en el BCE puede ganar impulse a los comerciantes menos imprevistos.

Durante el 04 de septiembre las llamadas de Stark, de 63 años, expresando su fuerte oposición al programa, que se amplió el mes pasado cuando el BCE comenzó a comprar bonos italianos y españoles, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque las conversaciones son confidenciales.

Stark fue apoyado por los bancos centrales de Austria y los Países Bajos.. La renuncia de Stark, economista jefe del BCE, es un golpe al banco, dijo el funcionario, señalando que es el segundo miembro alemán del BCE Axel Weber, después de dejar el programa de bonos.

La renuncia de Stark, menos de dos meses antes de que termine el mandato del Presidente Jean-Claude Trichet, ha de sugerir que los responsables políticos son cada vez más divididos sobre la mejor manera de luchar contra la crisis de la deuda europea.

La legitimidad de la Monarquía

Por encima de la familia o de los afectos personales está el exacto cumplimiento del deber y la irrenunciable ética pública que han de acompañar a la Corona y a sus titulares. Así lo exigen los tiempos y la Constitución

La legitimidad de origen de la monarquía, como forma política en la que un rey es el jefe del Estado, proviene del regular acceso hereditario a la Corona. Esa característica es genuina e indisociable de la monarquía. Sin embargo, en la monarquía parlamentaria, que es la única fórmula que hace compatibles monarquía y democracia, esa legitimad dinástica, que tiene sus virtudes en cuanto a la estabilidad estatal, va acompañada, necesariamente, de otra legitimidad de origen, de tipo indirectamente democrático: la que se deriva de estar prevista en una Constitución emanada de la voluntad popular, que ha descargado de poderes autónomos al rey y únicamente le ha confiado una función de auctoritas de carácter simbólico y moderador amparada en su obligada neutralidad política y su exclusivo servicio a los intereses generales. Pero ni a la monarquía ni a ninguna otra forma política le basta con la legitimidad de origen, ya que necesita también de la legitimidad de ejercicio, basada en la creencia generalizada de que los poderes públicos cumplen correcta y útilmente sus funciones constitucionales.

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Es una característica genuina de la monarquía parlamentaria que su legitimidad de ejercicio tiene más peso que la de origen, pues sin aquella, esta vería muy mermada su eficacia, por la sencilla razón de que, hoy, la monarquía parlamentaria descansa, sobre todo, en su utilidad. En el fondo, esto ya se contenía en la vieja máxima isidoriana: rex eris si recte facies. Ese obrar rectamente, dado el carácter personalísimo de la institución monárquica, se extiende en una doble dimensión: pública y privada, pues no abarca solo el deber institucional de cumplir exactamente las funciones constitucionalmente atribuidas, sino también el deber personal de dar un ejemplo constante de honradez. No cabe descartar que un buen rey en el plano institucional pueda haber dado un mal ejemplo en su vida personal y que, al hacerle objeto de un juicio histórico, deben separarse ambas facetas, ya que los defectos personales del rey no privan, por sí solos, de valor al correcto ejercicio de sus funciones públicas si así las hubiera desempeñado, ni, en todo caso, invalidan las ventajas institucionales de la monarquía parlamentaria como sistema. Pero también es cierto que, si el defecto personal del rey fuese patente y generalmente conocido, podría impedir, muy probablemente, que el correcto ejercicio institucional desplegase capacidad legitimadora. O dicho más claramente, podría hacer muy difícil que la monarquía sobreviviera.

Los ciudadanos demandan con razón que los principios morales, y la ejemplaridad, inspiren nuestra vida pública

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Las anteriores consideraciones, de índole teórica, deben servirnos en la práctica para juzgar adecuadamente el reciente comunicado de la Casa del Rey referido a las relaciones entre Felipe VI y su padre, el rey Juan Carlos. Este comunicado puede suscitar cuestiones que son menores, en mi opinión, tales como los efectos jurídicos de la renuncia a la herencia que pudiera corresponderle a nuestro Rey (me parece claro que en el plano constitucional, al margen del Derecho Civil, hay que entender esa renuncia, sin duda, como un compromiso firme e irrevocable) o si debió hacerse público el problema que ahora se denuncia cuando se conoció hace un año (entonces creo que, personal e institucionalmente, se hizo lo que se debía, que ahora no queda desmentido, sino ratificado). Lo importante de ese comunicado no son, pues, esos detalles, sino su forma y contenido: el modo firme, tajante, sin paliativos, con que nuestro Rey ha reaccionado, por muy doloroso que, personalmente, le haya resultado hacerlo, reiterando públicamente un compromiso ético asumido desde el momento de su acceso al trono. Como en el propio comunicado se recuerda, don Felipe ya anunció en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales que su conducta como Rey estaría caracterizada por la honestidad institucional y personal.

Aquellas palabras, fieles a la convicción de que es absolutamente necesaria la legitimidad de ejercicio en la monarquía parlamentaria, no tienen desperdicio, y conviene transcribirlas, pues son la clave del reciente comunicado, esto es, de lo que, con toda seguridad, nuestro Rey haría cuando la conducta de cualquiera de los miembros de su familia no se atuviese a esos valores: “La Corona debe (…) velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, solo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren —y la ejemplaridad presida— nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos”.

Es difícil decirlo mejor: por encima de la familia, de los afectos personales, de los sentimientos filiales, está el exacto cumplimiento del deber y la irrenunciable ética pública que han de acompañar a la Corona y a sus titulares; así lo exigen los tiempos, pero también la idea, permanente en una monarquía parlamentaria, de que sin legitimidad de ejercicio la monarquía no puede subsistir. Pocos, creo, han comprendido mejor que Felipe VI lo que la monarquía parlamentaria significa. Los españoles tenemos la inmensa suerte de contar con un buen Rey, con un Rey auténticamente constitucional, no solo por haber accedido al trono y reinar de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y por tener una sólida formación constitucional, sino además por su absoluta identificación con los valores que nuestra Constitución exige a la conducta de todos los cargos públicos.

En España, el Rey no es un “mero adorno constitucional”, sino una pieza fundamental del Estado

Por ello los ciudadanos podemos confiar en la capacidad de advertir y animar de nuestro Rey cuando la Constitución se pone en peligro, como hizo en su mensaje del 3 de octubre de 2020, o cuando se ponen en peligro el Estado y la misma sociedad, como está ocurriendo con la pandemia actual del coronavirus, de cuyo desarrollo y de cuyas medidas públicas para afrontarla ha estado informado el Rey desde el primer momento, participando, dentro de la naturaleza de sus funciones, en la responsabilidad estatal irrenunciable ante esta situación. Por ello, una vez adoptadas por las autoridades competentes las urgentes medidas necesarias, nuestro Rey ha vuelto, el pasado día 18, a dirigirse a la nación animando a los ciudadanos a confiar en sí mismos y en las instituciones, y garantizando que los poderes públicos están actuando y lo seguirán haciendo con toda la fuerza necesaria para combatir con éxito esta gravísima crisis sanitaria, social y económica. Estoy seguro de que esa alocución ha tenido un gran efecto, porque la intachable legitimidad de ejercicio que, como Rey, viene demostrando, lo hacen acreedor de la confianza ciudadana.

En España, el Rey no es, como algunos dicen, por ignorancia o malicia, un “mero adorno constitucional”, sino una pieza fundamental del Estado que incluso (en frase clásica referida a la monarquía parlamentaria) “hace más de lo que parece hacer”, aunque no tenga competencia, por sí solo, para adoptar decisiones políticas. Estas les corresponde adoptarlas a los órganos democráticos, y en la actual crisis al Gobierno de la nación, cuyas decisiones han de ser obedecidas por todos los españoles y todas las autoridades. Pero, sin duda, la auctoritas del Monarca fortalecerá la necesaria acción del Estado para que los españoles salgamos, cuanto antes, de la terrible crisis que nos atenaza.

Manuel Aragón es catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional.

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Brexit y la renuncia de Theresa May: cómo Europa se convirtió en la tumba de los últimos primeros ministros conservadores de Reino Unido

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La salida de Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, ha demostrado ser tan complicada que en realidad hasta ahora la única salida que se ha producido es la de sus gobernantes.

Si en junio de 2020 fue David Cameron quien renunció como primer ministro un día después de que los ciudadanos votaran a favor de iniciar el proceso de ruptura entre Londres y Bruselas, este viernes fue su sucesora, Theresa May, quien anunció su próxima dimisión.

En una alocución en la que terminó visiblemente emocionada, May comunicó que a partir del 7 de junio dejará de ser líder del Partido Conservador y permanecerá como primera ministra interina hasta que su formación elija a su reemplazo.

Según informó el partido en un comunicado, se espera que para finales de julio haya nuevo o nueva residente en el número 10 de Downing Street en Londres, sede oficial del gobierno británico.

En el mismo texto, los parlamentarios elogiaron a May por su «dedicación, valentía y tenacidad».

Horas antes, al anunciar su decisión de dar un paso al costado, May expresó su «profundo pesar» por no haber podido cumplir su promesa de ejecutar el Brexit.

Quizá le sirva de consuelo pensar que no es la primera líder del Partido Conservador cuyo mandato se ahoga en las aguas europeas.

El autogolpe de Cameron

Cameron llegó triunfante al gobierno de Reino Unido en 2020.

Aunque no consiguió mayoría absoluta, su victoria le permitió pactar con los liberal-demócratas y hacer regresar al poder al Partido Conservador después de 13 años de gobiernos laboristas (Tony Blair 1997-2007 y Gordon Brown 2007-2020).

En sus primeros años de gobierno, Cameron vio cómo su popularidad bajaba en los sondeos de opinión, al tiempo que Nigel Farage y su partido de derecha y antieuropeo, UKIP, gozaban cada vez de más apoyos.

Farage supo capitalizar el ambiente de frustración y decepción en el Reino Unido de la postcrisis financiera y la austeridad.

En este contexto, Cameron hizo un anuncio que terminó por convertirse en su sentencia.

De cara a la reelección y preocupado por la posibilidad de que Farage lo superara por la derecha, Cameron prometió que convocaría un referéndum sobre la salida de Reino Unido de la UE.

Fue una táctica exitosa, al menos a corto plazo: Cameron ganó las elecciones de 2020 con mayoría absoluta, la primera para los conservadores desde 1992.

El problema es que, al gobernar en solitario, no podía eludir su compromiso del referéndum, ya que no le podía achacar a ningún socio de coalición la imposibilidad de celebrar la consulta.

Mirando hacia atrás, algunos analistas apuntan que allá en 2020 y 2020 a los británicos no les importaba demasiado el tema europeo y que quizá a Cameron se le podía haber «olvidado» su promesa.

Pero no la olvidó. Probablemente pensó que los ciudadanos respaldarían su postura a favor de la permanencia del país en el bloque europeo.

Cameron no supo leer el estado de ánimo colectivo y sufrió una dura derrota: perdió el referéndum, el liderazgo de su partido y el cargo de primer ministro.

El «Brexit» de John Major

Salvando las distancias por tratarse de épocas distintas, el caso de las dificultades de May con Europa recuerda a los quebraderos de cabeza europeos que tuvo el también conservador John Major durante su gobierno (1990-1997).

El más grande de esos problemas tuvo nombre propio: Tratado de Maastricht, uno de los tratados fundacionales de la actual UE y en el que los líderes europeos acordaron reforzar la integración del bloque, lo que fue fuertemente rechazado por los euroescépticos.

El acuerdo, firmado en la ciudad holandesa de Maastricht en febrero de 1992 y en vigor desde noviembre de 1993, fue objeto de airados debates en el Parlamento británico pese a que incluía una serie de exclusiones voluntarias para Reino Unido.

La más valiosa era su derecho a mantener la libra esterlina como moneda en lugar de adoptar el euro.

Major sufrió para ganar la votación en el Parlamento. Los laboristas apoyaban el tratado, pero tácticamente se opusieron a ciertas provisiones para explotar las divisiones en el gobierno conservador.

El 22 de julio de 1993, varios parlamentarios conservadores, conocidos como «los Rebeldes de Maastricht», votaron contra el Tratado y el gobierno fue derrotado.

Major convocó un voto de confianza para el día siguiente y lo ganó, pero el daño a su autoridad en el Parlamento ya estaba hecho.

La agitación no cesó, sus enfrentamientos con los euroescépticos fueron constantes durante el resto de su mandato y finalmente perdió el poder en las elecciones de 1997, en las que el laborista Tony Blair obtuvo una apabullante victoria.

Fue la peor derrota electoral de los conservadores desde 1832.

El punto débil de la Dama de Hierro

El final del gobierno de John Major fue el cierre a casi dos décadas de dominio conservador en Downing Street, que estuvieron marcadas por la figura de Margaret Thatcher (1979-1990).

Quien fuera mundialmente conocida como la Dama de Hierro también chocó con Europa.

Su caso es paradójico.

Por un lado, era defensora del mercado único europeo. Pero no podía ocultar su antipatía hacia Bruselas.

«No hemos reducido el tamaño del estado en nuestro país para darle más poder en el ámbito europeo con un superestado que ejerza un nuevo dominio desde Bruselas», dijo Thatcher en un discurso pronunciado en 1988 en el que defendió la soberanía de Reino Unido.

«Ciertamente queremos ver una Europa más unida y con mayor sentido de un propósito común. Pero debe ser de manera que preserve las diferentes tradiciones, los poderes parlamentarios y el sentido de orgullo nacional en el país propio», señaló.

La posición de Thatcher frente a la Comunidad Europea (predecesora de la actual Unión Europea) aceleró su final como primera ministra.

El 1 de noviembre de 1990, Geoffrey Howe, el último miembro que quedaba de su gabinete original, renunció como vice primer ministro después de que Thatcher se negara a aprobar un programa para la adopción de una moneda europea única.

Al anunciar su dimisión, Howe describió así la postura de Thatcher ante la CE: «Es algo así como enviar a tu bateador inicial al campo solo para que, al momento en el que se lance la primera bola, encuentre que sus bates fueron destrozados antes del juego por el capitán del equipo».

La renuncia de Howe fue fatal para el mandato de Thatcher.

Otro miembro del gabinete, Michael Heseltine, desafió su liderazgo en el Partido Conservador y hubo una votación.

Thatcher se quedó a cuatro votos de ganar en primera ronda. Desafiante, la Dama de Hierro se mostró lista para la segunda ronda: «Peleo, lucho para ganar».

Pero los miembros de su gabinete la convencieron para que se retirara de la batalla y finalmente renunció.

Quien aspire a liderar el Partido Conservador a partir de julio, seguro que tomará nota del destino que tuvieron sus cuatro antecesores..

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